Hola a todos¡¡ Nuevamente vuelve a escribir nuestro compañero Carlos y como coincido plenamente con sus comentarios, no puedo hacer otra cosa que publicar su artículo en este espacio.
Entre los panameños abran unos que esten de acuerdo con las opiniones versadas en este artículo (creo que la mayoría) y habrán otros no tan contentos. A estos últimos solo les pregunto: ¿les parece completamente normal que una persona unicamente con el salario de funcionario y posteriormente declarando ingresos de 1000$ al mes tenga el modesto patrimonio de Balladares?. ya me dirán que como él hay un buen par en Panamá, pero lo que hace singular este caso, es la poca verguenza, la prepotencia y la falta de respeto que durante todos estos años ha demostrado Balladares hacia cada uno de los panameños que fuera o dentro del territorio nacional trabajamos con ahinco para sacar adelante nuestra casa y país. Los que estamos fuera tenemos un compromiso extra: demostrar que podemos¡¡ que aunque hayamos crecido en lo que suelen denominar “países desarrollados” no nos excluye de ser talentosos, buenas personas, responsables y trabajadores. Mientras unos siguen viviendo en la miseria, el vivia entre mármoles o en chozas de playa; mientras otros tomaban todos los días el diblo rojo (autobuses panameños, asi se les llama) el se transportaba en Harley, en yate o en avión (todos de su propiedad); mientras otros planeaban sus carnavales en Via España, él no sabia si decidirse por los Safaris en Africa o los tours por Rusia.
No me entretengo más, disfrutenlo¡¡¡ y buenas noches a todos. Ah me estoy leyedo la Historia de Viva de Hilary Clinton cuando la termine escribire unas notitas.
La hora de la justicia
Carlos Guevara Mann
La llegada al poder de la Unión por el Cambio parece haber tenido repercusiones en el Órgano Judicial y el Ministerio Público. Por el escándalo de la remoción de la fibra de vidrio en los planteles educativos durante la administración de Martín Torrijos, dos ex ministros de Educación han sido puestos a buen recaudo mientras se deslindan los hechos.
Quien fungiera como ingeniero municipal durante la administración de Juan Carlos Navarro está siendo procesado; se encuentra libre bajo fianza, luego de haber pasado unos días metido en chirona. Falta que alguien ausculte los escabrosos cambios de zonificación dispuestos por el Ministerio de Vivienda.
¿Se atreverá algún agente de instrucción a escudriñar las actividades de ese ministerio durante pasadas gestiones? ¿O acaso el terror de terminar revolcados en la Plaza Porras restringe la libertad de acción de los funcionarios de la Procuraduría?
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada tuvo la intrepidez sin precedentes de por lo menos ordenarle reclusión preventiva, en su palaciega residencia, al ex presidente Pérez Balladares. Los presuntos corruptos de poca monta van a La Joyita; a los de ínfulas y grandeza se les da casa por cárcel.
A pesar de lo timorato de estas medidas, es posible concluir que algo ha cambiado en el sistema judicial. Por lo menos sus funcionarios se han atrevido, aunque sea tímidamente, contra magnates y potentados, cuyos actos de corrupción han estropeado al país. No habrá desarrollo en Panamá mientras siga existiendo impunidad para los que se aprovechan obscenamente de los recursos y posibilidades del Estado.
El PRD ha salido en defensa de sus líderes procesados. Saben que si el Ministerio Público investiga como es su deber—y como lo exige la ciudadanía—ocurriría en las filas de la dirigencia perredista algo similar a un terremoto. Habría una estampida peor que la de la invasión, cuando jefes y subalternos—con contadas excepciones—huyeron despavoridos ante la avanzada del ejército ocupante.
En virtud de la separación de poderes que es esencial al gobierno republicano, son limitados los casos en que el Ejecutivo puede influir en la administración de justicia. Lo hace a través del nombramiento de magistrados idóneos, el ejercicio de su iniciativa legislativa en materia judicial y el acatamiento de la ley.
Pero sobre todo lo hace a través del ejemplo. En el Estado democrático, el ejemplo de quienes gobiernan es un poderoso aliado de la justicia y de los intereses populares. Quienes actualmente ejercen el poder no deben olvidarlo.
El cambio por el que votó el pueblo no solo exige que se castiguen las históricas bribonadas de tantos políticos, sino que se corrijan las legendarias injusticias de nuestro sistema electoral. En ese ramo, nada es más justo que instituir la segunda vuelta en las elecciones para presidente de la República.
Constituye una aberración que el jefe del Ejecutivo sea elegido por la mayor de las minorías—un 33%, por ejemplo, como ocurrió en 1994. La segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, cuando nadie ha obtenido la mayoría requerida, fortalece las credenciales del presidente como auténtico representante de la voluntad popular y genera los consensos necesarios para mejorar la gobernabilidad.
El PRD solo admite segunda vuelta si la mayoría requerida se establece en 35%, o—cuando mucho—40%, porque sus estrategas son conscientes de que si se instituye un porcentaje superior, jamás volverán a probar las mieles del poder.
En justicia, sin embargo y en atención a la voluntad del pueblo panameño, según ha sido repetidamente expresada en las urnas, la mayoría requerida para la segunda vuelta no debe establecerse en menos del 50%, como lo propuso en 1994 el legislador Guillermo Cochez, hoy embajador de Panamá ante la OEA.
Otros asuntos electorales que por elementales criterios de justicia y equidad deben instituirse son la prohibición de usar los colores nacionales en los símbolos partidistas y la repartición del residuo, en los circuitos plurinominales, de manera estrictamente proporcional. En el sistema vigente, el doble conteo de los votos recibidos por un mismo partido y otros vicios han creado mayorías ficticias a favor del PRD, que así ha conseguido manufacturar, en la Asamblea Nacional, una presencia superior a la que en justicia le corresponde.
El presidente Martinelli tiene una excelente oportunidad para promover éstos y otros cambios que le permitirían a su gobierno establecer las bases de una sociedad más justa para el siglo XXI. Para lograrlo, no puede olvidar su compromiso de no meter la mano. Y, para no meter la pata, debe escuchar los consejos bien intencionados que se le hagan. Como lo señaló Maquiavelo, los ineptos y aduladores (que abundan en este medio) no son buenos consejeros
